LA CALIDAD DEL AIRE EN CALI
Los caleños respiran un ambiente pesado. Cada día, son arrojadas a la atmósfera caleña 340 toneladas de material particulado, es decir, hollín compuesto por carbón, azufre y óxido de nitrógeno, todos altamente contaminantes, e incluso, capaces de ahogar hasta un insecto. Por esta razón, Cali es una de las capitales más contaminadas de Colombia, por debajo de Bogotá, igualando a Medellín y superando a Barranquilla, Cartagena y Pereira, según un documento Conpes.Esta situación generó que la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal, lanzara un SOS por la ciudad, sobre todo cuando la semana pasada el Ministerio del Medio Ambiente anunció proyectos y firmó convenios para disminuir el impacto de los contaminantes en Bogotá y Medellín, pero no en Cali. “Estamos como a la deriva. El Dagma ha ejercido de manera débil las funciones de control y es una entidad politiquera, ha faltado liderazgo nacional. También voluntad política, trabajo articulado con otras agencias del estado y deficiencia de información”, dijo Libardo Sánchez, uno de los voceros de Acodal. Asimismo, recordó que la ciudad es la única del país que tiene suspendidos, desde hace año y medio, los equipos de monitoreo. “En Cali no hay datos de nada. La inoperancia de la Red de Monitoreo y la falta de estudios epidemiológicos sobre el tema no permiten definir políticas y estrategias para el control y vigilancia de la calidad del aire”, afirmó la presidenta de Acodal, Carmen Eugenia Sterling. En ese sentido, Acodal propuso crear un entidad científica “seria y sin fines políticos” para que se encargue exclusivamente de la medición de la calidad del aire o fortalecer, de manera urgente, la Red de Monitoreo. El director del Dagma, Guillermo Banguero, reconoció la parálisis de las estaciones de monitoreo y dijo que la reanudación de las mismas está contemplada en Plan de Inversión. “Esta red es fundamental y estoy analizando el tema porque hay que hacer actualizaciones al software y otras adecuaciones”, afirmó. El costo de la reparación de esta red valdría $700 millones, pero Banguero dijo que analizará la cifra. “El tema hay que mirarlo bien y así establecer los niveles de contaminación para saber si son tan altos como parece. Además, este es un problema regional porque Yumbo nos hace mucho daño con las industrias”, agregó Banguero. Puntos críticos El norte de Cali sigue siendo el lugar más contaminado porque recibe todas las partículas de la zona industrial de Yumbo. El veedor ambiental de la Comuna 2, Jaír Llanos, coincide en que a diario, en esta zona, proliferan las emisiones de gases tóxicos y humos. “En ocasiones huele muy feo y es por los vientos fuertes que llegan al norte. Pero también, en este sector hay contaminación alta por la cantidad de buses, camiones y tractomulas. Es terrible”, explicó el veedor ambiental
martes, 2 de junio de 2009
un aplauso por ANTONIO CABALLORO
Un aplauso por antonio caballoroverdad está cambiando esa convicción profunda hay que ver si son seguidos de algo más: de juicios, de condenasSábado 1 Noviembre 2008Un aplauso. Está muy bien que por fin los más altos representantes del Estado empiecen a reconocer lo que desde hace decenios un general tras otro, un ministro de Defensa tras otro, un presidente tras otro, han negado en redondo: que las Fuerzas Armadas cometen excesos. Torturas. Detenciones que terminan en la desaparición de los detenidos. Ejecuciones extrajudiciales. Crímenes de guerra. Hay que felicitar al presidente Uribe, al ministro Santos, al general Padilla, por su decisión de pasar a retiro a tres generales y siete coroneles (y otros tres más hace ocho días), más una docena de oficiales y suboficiales de menor rango, por los infames "falsos positivos" con decenas de muertos denunciados en las últimas semanas.
Está muy bien que se empiece a limpiar el Ejército (y la Policía, y el DAS), y ya iba siendo hora: sólo falta un año para que venza la reserva de siete que establecieron al alimón el presidente saliente Andrés Pastrana y el entrante Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional, blindando al Estado colombiano frente a las responsabilidades por crímenes de guerra durante el tiempo que según su cálculo optimista tomaría derrotar a la subversión en Colombia.
Está muy bien que los crímenes se reconozcan. Y que se acepte por primera vez que no se trata de actos aislados de "elementos descorregidos", de "manzanas podridas", de "ovejas negras" que no entrañan responsabilidad institucional ni política de sus superiores, sino que, por el contrario, la comprometen tanto por omisión como por acción. Pero la necesaria limpieza del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía, del DAS, de todos los organismos secretos del Estado, habrá que repetirla una y otra vez, indefinidamente, mientras no cambien de verdad las convicciones profundas de los militares que hacen la guerra y de los civiles que la ordenan desde el poder político. La convicción profunda, reforzada además por el adiestramiento y el ejemplo recibidos de los Estados Unidos, de que todo vale en la guerra contra la subversión, hoy llamada narcoterrorista; ayer, comunista; antier, bandolera. De que valen el asesinato y la tortura, la desaparición forzada, la expulsión, porque el enemigo no merece respeto.
Todo vale porque la vida no vale nada. La de los demás: esos, literalmente, desechables que constituyen el grueso del pueblo colombiano (y que hay que distinguir, claro, de los llamados "colombianos de bien"). Los desechables se pueden desechar. Usar y tirar. Eliminar cuando ya no sirven. Intercambiar. Pueden ser usados indiferentemente como guerrilleros o como paramilitares, como sicarios de la mafia o como mensajeros de moto o como desempleados o como subempleados o como reinsertados o como votantes cautivos o como víctimas de los "falsos positivos militares". Su vida real no importa, salvo desde el ángulo de la estadística. Por eso puede el coronel Plazas Vega, aquel que "defendía la democracia, maestro", decir que los cadáveres de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia están donde no están, y tiene que salir Medicina Legal a desmentirlo. Ah, ¿eran otros muertos? Da lo mismo.
Para saber si los pases a retiro de unos cuantos oficiales significan que de verdad está cambiando esa convicción profunda de que hablo hay que ver si son seguidos de algo más: de juicios, de condenas. Pues la desaparición forzada, que trabajosamente fue por fin tipificada como delito en el año 2000, no ha tenido en los siete años transcurridos desde entonces ningún acusado, ningún procesado, ningún condenado, pese a que sigue afectando a unas quinientas personas cada año. Y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, firmada por el gobierno de Colombia en septiembre de 2007, no ha sido ratificada todavía. Y en la discusión que se adelanta en el Congreso sobre la Ley de Víctimas, el gobierno y sus parlamentarios leales se rehúsan obstinadamente a reconocer como víctimas del conflicto (y a reconocer que hay conflicto) a las que lo hayan sido de los agentes del Estado: soldados, policías, detectives del DAS. Como si no existieran.Todavía falta, pues. Y no sólo porque la lucha por la verdad y la justicia sea una lucha interminable que nunca se puede dar por ganada del todo, sino porque el reconocimiento hecho esta semana por los más altos representantes del Estado sobre sus culpas parece insuficiente todavía, apenas de labios para afuera. Así, al presidente Álvaro Uribe se le escaparon dos expresiones reveladoras al hacerlo. Una fue la de que los desaparecidos habían sido "ajusticiados" por el Ejército. La otra, la de que con sus masacres, de Guaitarilla a Soacha, los militares "nos hacen quedar mal". "¿''Ajusticiados" los asesinados? ¿Y simplemente "queda mal" quien secuestra a alguien para matarlo y presentar su cadáver como un "positivo"? En los dos casos, las palabras del Presidente se quedaron algo cortas.Pero bueno: es un comienzo. Que sigan por ahí. Y, de nuevo, un aplauso.
Está muy bien que se empiece a limpiar el Ejército (y la Policía, y el DAS), y ya iba siendo hora: sólo falta un año para que venza la reserva de siete que establecieron al alimón el presidente saliente Andrés Pastrana y el entrante Álvaro Uribe ante la Corte Penal Internacional, blindando al Estado colombiano frente a las responsabilidades por crímenes de guerra durante el tiempo que según su cálculo optimista tomaría derrotar a la subversión en Colombia.
Está muy bien que los crímenes se reconozcan. Y que se acepte por primera vez que no se trata de actos aislados de "elementos descorregidos", de "manzanas podridas", de "ovejas negras" que no entrañan responsabilidad institucional ni política de sus superiores, sino que, por el contrario, la comprometen tanto por omisión como por acción. Pero la necesaria limpieza del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de la Policía, del DAS, de todos los organismos secretos del Estado, habrá que repetirla una y otra vez, indefinidamente, mientras no cambien de verdad las convicciones profundas de los militares que hacen la guerra y de los civiles que la ordenan desde el poder político. La convicción profunda, reforzada además por el adiestramiento y el ejemplo recibidos de los Estados Unidos, de que todo vale en la guerra contra la subversión, hoy llamada narcoterrorista; ayer, comunista; antier, bandolera. De que valen el asesinato y la tortura, la desaparición forzada, la expulsión, porque el enemigo no merece respeto.
Todo vale porque la vida no vale nada. La de los demás: esos, literalmente, desechables que constituyen el grueso del pueblo colombiano (y que hay que distinguir, claro, de los llamados "colombianos de bien"). Los desechables se pueden desechar. Usar y tirar. Eliminar cuando ya no sirven. Intercambiar. Pueden ser usados indiferentemente como guerrilleros o como paramilitares, como sicarios de la mafia o como mensajeros de moto o como desempleados o como subempleados o como reinsertados o como votantes cautivos o como víctimas de los "falsos positivos militares". Su vida real no importa, salvo desde el ángulo de la estadística. Por eso puede el coronel Plazas Vega, aquel que "defendía la democracia, maestro", decir que los cadáveres de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia están donde no están, y tiene que salir Medicina Legal a desmentirlo. Ah, ¿eran otros muertos? Da lo mismo.
Para saber si los pases a retiro de unos cuantos oficiales significan que de verdad está cambiando esa convicción profunda de que hablo hay que ver si son seguidos de algo más: de juicios, de condenas. Pues la desaparición forzada, que trabajosamente fue por fin tipificada como delito en el año 2000, no ha tenido en los siete años transcurridos desde entonces ningún acusado, ningún procesado, ningún condenado, pese a que sigue afectando a unas quinientas personas cada año. Y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, firmada por el gobierno de Colombia en septiembre de 2007, no ha sido ratificada todavía. Y en la discusión que se adelanta en el Congreso sobre la Ley de Víctimas, el gobierno y sus parlamentarios leales se rehúsan obstinadamente a reconocer como víctimas del conflicto (y a reconocer que hay conflicto) a las que lo hayan sido de los agentes del Estado: soldados, policías, detectives del DAS. Como si no existieran.Todavía falta, pues. Y no sólo porque la lucha por la verdad y la justicia sea una lucha interminable que nunca se puede dar por ganada del todo, sino porque el reconocimiento hecho esta semana por los más altos representantes del Estado sobre sus culpas parece insuficiente todavía, apenas de labios para afuera. Así, al presidente Álvaro Uribe se le escaparon dos expresiones reveladoras al hacerlo. Una fue la de que los desaparecidos habían sido "ajusticiados" por el Ejército. La otra, la de que con sus masacres, de Guaitarilla a Soacha, los militares "nos hacen quedar mal". "¿''Ajusticiados" los asesinados? ¿Y simplemente "queda mal" quien secuestra a alguien para matarlo y presentar su cadáver como un "positivo"? En los dos casos, las palabras del Presidente se quedaron algo cortas.Pero bueno: es un comienzo. Que sigan por ahí. Y, de nuevo, un aplauso.
"CHUSADAS" el das y la prensa
El reciente escándalo del DAS vuelve a poner sobre el tapete el tema de las interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas y su divulgación. La reestructuración a fondo del DAS o su reemplazo por otra entidad ya no aguanta más aplazamientos. La opinión está harta de escándalos, abusos y corruptelas. Pero también es hora de discutir el tema de la divulgación pública de las interceptaciones ilegales, que son prohibidas en muchos países democráticos.En primer lugar, no se entiende por qué no ha entrado aún en vigencia la Ley de Inteligencia aprobada por el Congreso el año pasado, la cual fortalece los controles y aumenta sustancialmente las penas a los funcionarios que realicen filtraciones de información, entre otras medidas. Y tampoco se comprende que sigan engavetadas las recomendaciones de la Comisión para la reforma del DAS.Desde hace años muchos hemos insistido en que el DAS está totalmente desnaturalizado y sobredimensionado. ¿Alguien se imagina a la CIA haciendo control de pasaportes en los aeropuertos, expidiendo certificados judiciales o escoltando sindicalistas? El DAS debe achicarse y concentrarse en lo que le toca: hacer inteligencia. De manera legal, claro. Pero la enorme dispersión de funciones y su gigantismo han contribuido a su absoluto descontrol. Lo hemos dicho decenas de veces, pero nadie le pone el cascabel al gato. Por lo pronto, retirar las interceptaciones del DAS es una buena medida, si es temporal y mientras se adelantan las investigaciones y se castiga a los responsables de las grabaciones ilícitas. Pero esa sana medida de emergencia no reemplaza las necesarias reformas de fondo. Esta falta de control ha propiciado un amplio y activo mercado de interceptaciones ilegales, que en los últimos meses pueden haber llegado a un millón. Paras, guerrilleros, narcotraficantes, crimen organizado, gente descarriada del común, y uno que otro funcionario con exceso de celo, han alimentado esos actos ilegales. Periodistas, empresarios, políticos, jueces y altos funcionarios públicos han sido sus víctimas. La impunidad que cobija a los agentes que hacen las interceptaciones sostiene el delito. Pero los medios de comunicación que, de buena fe y con la mejor voluntad democrática, divulgan algunas de esas interceptaciones, agravan el problema. Por tanto, los controles deben fortalecerse, la impunidad debe acabarse y la divulgación debe regularse.Y debe regularse porque la libertad de prensa, al igual que cualquier otra libertad en una democracia, no puede ser absoluta. Tiene un límite en los derechos de otros, sea a su intimidad o a la seguridad colectiva. Además, debe regularse también por razones de política criminal: en primer lugar, porque esa divulgación puede poner en riesgo las investigaciones de las autoridades, y, en segundo lugar, porque fomenta la extorsión (si no me pagas, lo hago público). Y la extorsión incentiva el mercado, cerrando así un círculo vicioso.No estamos proponiendo ninguna medida autoritaria.Según el profesor Eugenio Zaffaroni, de la Universidad de Buenos Aires, muchas democracias modernas prohíben en sus códigos la divulgación de interceptaciones legales e ilegales, entre otros: el español de 1995 (Artículo 197), el alemán de 1975 (párrafo 201), el austríaco de 1974 (párrafo 120), el francés de 1994 ( Artículo 226-15), el portugués de 1982 ( Artículo 192). Y nadie podría decir que en esos países no existe libertad de prensa. Hay antecedentes aun más remotos: el código argentino de 1921, el holandés de 1880, y el italiano de 1889 penalizaban la divulgación de correspondencia violada. Y otros más recientes: hace tan sólo cinco meses el gobierno del presidente Lula en Brasil -a quien nadie puede acusar de autoritario-, presentó al Congreso un proyecto de ley que castiga la divulgación de interceptaciones legales o ilegales, sin autorización de un juez. No obstante, para adaptar estos antecedentes a nuestro tiempo y entorno colombiano, propongo seguir el ejemplo portugués: prohibir la divulgación de las interceptaciones, legales e ilegales, telefónicas y de correos, excepto aquellas que denuncien la comisión de actos ilícitos por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, o de terceras personas que participen en ellos. Esto permitiría, simultáneamente, proteger la intimidad de los ciudadanos, acabar con la extorsión y el mercado ilegal de interceptaciones, proteger las investigaciones de las autoridades, y al mismo tiempo preservar la acción de la prensa en procura de la transparencia y la pulcritud de la gestión pública. Discutámoslo.
lunes, 30 de marzo de 2009
lunes, 9 de febrero de 2009
fallas, lunares y orejas
Opinión 1 Nov 2008 - 10:00 pmFallas, lunares, orejas
Por: Héctor Abad Faciolince
LAS PALABRAS QUE ESCOGEMOS PARA hablar sobre cualquier asunto no son neutras ni son siempre inocentes. Al usar una expresión en vez de otra, lo que estamos revelando es una actitud mental, bien sea de censura, de complacencia, o bien, como en el caso que voy a analizar, un intento por disminuir y casi minimizar la gravedad de los hechos.
La revista Semana, en su edición virtual, señala que el presidente Uribe les dio “otro jalón de orejas a los militares”. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habló de “lunares” que no manchan por entero a la institución militar. Y el ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró que hubo “fallas cometidas por algunos miembros de la Fuerza Pública”.
“Fallas, jalón de orejas, lunares”, esas son las expresiones que se usan. Tengan en cuenta que, en los tres casos, estamos hablando de crímenes atroces, es decir, de la desaparición, y posterior asesinato, de algunos jóvenes inocentes de Soacha y otras poblaciones o barrios pobres del país. Pero el lenguaje que emplean para comentar el castigo a semejantes crímenes, es el mismo que usaríamos para reprender, casi con simpatía, la indisciplina o las picardías de un grupo de niños en la escuela: jalarle las orejas por sus fallas a uno de los lunares de la clase.
Naturalmente la purga de 27 oficiales y suboficiales es mucho más que un “jalón de orejas”, es una echada del colegio. Pero aunque la medida le dé una buena señal al Ejército, es insuficiente. Ante todo, no sabemos si todos los oficiales destituidos están implicados en esta masacre de jóvenes, o si entre ellos se aprovecha la ocasión para sacar oficiales por otros motivos inconfesables; se debería decir con claridad cuáles de estos militares, y en qué medida, están involucrados en el plan macabro (estilo neo-nazi) de “limpiar” los barrios de drogadictos, homosexuales, retrasados mentales o simples inconformes, mediante la carambola a dos bandas de engañarlos, alejarlos del sitio, y luego presentarlos como subversivos muertos en combate.
Esto es atroz y no se resuelve con una simple destitución de militares. Habría que revelar la verdad completa de los llamados “falsos positivos” (otro eufemismo del lenguaje para no hablar de terrorismo estatal), pedirle perdón a todo el país, y reparar a las víctimas (y cuanto antes, no dentro de quince años cuando lo ordene la Comisión de Derechos Humanos de la OEA). Está bien que Uribe, al fin, les hable duro a los militares, la institución más mimada y mejor financiada durante sus dos gobiernos, y que destituya a unos cuantos.
Pero debería al mismo tiempo, como señalaba Rodrigo Uprimny en estas mismas páginas, comprometerse también con el apoyo al proyecto de ley que busca dar reparación a las víctimas de los agentes del Estado. Es imperdonable que el Gobierno se oponga a una medida que es obvia en un país donde muchas veces ha sido el Ejército (en alianza con los grupos paramilitares, o con los narcos) el que ha cometido actos de una sevicia inaceptable contra la población civil.
Cuando salieron a relucir los falsos positivos de Soacha, el Gobierno quiso tapar el escándalo inflando en los medios el crimen de un niño secuestrado y asesinado por su padre. Antes, cuando el Polo citó al ministro Santos para un debate sobre el premio a los militares por matar falsos subversivos, hace años, se dijo que esas denuncias no eran más que calumnias de la oposición. Ahora resulta que no lo eran; las calumnias acabaron siendo verdades, y los falsos positivos deberían tener otro nombre: crímenes atroces más que homicidios simples. Ahora todos los ciudadanos tendremos que responder, con los impuestos, para pagar millonarias y justas indemnizaciones a las víctimas. Ojalá los militares implicados participen también con su patrimonio. Y ojalá estas destituciones no se queden en mera propaganda, “jalones de orejas, fallas menores y pequeños lunares” de una institución intocable y ejemplar.
Por: Héctor Abad Faciolince
LAS PALABRAS QUE ESCOGEMOS PARA hablar sobre cualquier asunto no son neutras ni son siempre inocentes. Al usar una expresión en vez de otra, lo que estamos revelando es una actitud mental, bien sea de censura, de complacencia, o bien, como en el caso que voy a analizar, un intento por disminuir y casi minimizar la gravedad de los hechos.
La revista Semana, en su edición virtual, señala que el presidente Uribe les dio “otro jalón de orejas a los militares”. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habló de “lunares” que no manchan por entero a la institución militar. Y el ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró que hubo “fallas cometidas por algunos miembros de la Fuerza Pública”.
“Fallas, jalón de orejas, lunares”, esas son las expresiones que se usan. Tengan en cuenta que, en los tres casos, estamos hablando de crímenes atroces, es decir, de la desaparición, y posterior asesinato, de algunos jóvenes inocentes de Soacha y otras poblaciones o barrios pobres del país. Pero el lenguaje que emplean para comentar el castigo a semejantes crímenes, es el mismo que usaríamos para reprender, casi con simpatía, la indisciplina o las picardías de un grupo de niños en la escuela: jalarle las orejas por sus fallas a uno de los lunares de la clase.
Naturalmente la purga de 27 oficiales y suboficiales es mucho más que un “jalón de orejas”, es una echada del colegio. Pero aunque la medida le dé una buena señal al Ejército, es insuficiente. Ante todo, no sabemos si todos los oficiales destituidos están implicados en esta masacre de jóvenes, o si entre ellos se aprovecha la ocasión para sacar oficiales por otros motivos inconfesables; se debería decir con claridad cuáles de estos militares, y en qué medida, están involucrados en el plan macabro (estilo neo-nazi) de “limpiar” los barrios de drogadictos, homosexuales, retrasados mentales o simples inconformes, mediante la carambola a dos bandas de engañarlos, alejarlos del sitio, y luego presentarlos como subversivos muertos en combate.
Esto es atroz y no se resuelve con una simple destitución de militares. Habría que revelar la verdad completa de los llamados “falsos positivos” (otro eufemismo del lenguaje para no hablar de terrorismo estatal), pedirle perdón a todo el país, y reparar a las víctimas (y cuanto antes, no dentro de quince años cuando lo ordene la Comisión de Derechos Humanos de la OEA). Está bien que Uribe, al fin, les hable duro a los militares, la institución más mimada y mejor financiada durante sus dos gobiernos, y que destituya a unos cuantos.
Pero debería al mismo tiempo, como señalaba Rodrigo Uprimny en estas mismas páginas, comprometerse también con el apoyo al proyecto de ley que busca dar reparación a las víctimas de los agentes del Estado. Es imperdonable que el Gobierno se oponga a una medida que es obvia en un país donde muchas veces ha sido el Ejército (en alianza con los grupos paramilitares, o con los narcos) el que ha cometido actos de una sevicia inaceptable contra la población civil.
Cuando salieron a relucir los falsos positivos de Soacha, el Gobierno quiso tapar el escándalo inflando en los medios el crimen de un niño secuestrado y asesinado por su padre. Antes, cuando el Polo citó al ministro Santos para un debate sobre el premio a los militares por matar falsos subversivos, hace años, se dijo que esas denuncias no eran más que calumnias de la oposición. Ahora resulta que no lo eran; las calumnias acabaron siendo verdades, y los falsos positivos deberían tener otro nombre: crímenes atroces más que homicidios simples. Ahora todos los ciudadanos tendremos que responder, con los impuestos, para pagar millonarias y justas indemnizaciones a las víctimas. Ojalá los militares implicados participen también con su patrimonio. Y ojalá estas destituciones no se queden en mera propaganda, “jalones de orejas, fallas menores y pequeños lunares” de una institución intocable y ejemplar.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
